Desde la Plataforma Queremos Nuestra Caja manifiestan que tienen intención de agotar todos los recursos en defensa de la Caja Rural de Mota del Cuervo y la Fundación Caja Rural
La Plataforma QNC ha formulado demanda en el Tribunal Constitucional por vulneración de derecho a la defensa y tutela judicial, indefensión y vulneración del derecho de igualdad. El procedimiento llega al Tribunal Constitucional después de haber pasado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en distintos procedimientos por la intervención y venta de la Caja Rural de Mota del Cuervo, tras la expropiación forzosa a los socios cooperativistas de Mota del Cuervo.
Desde la Asociación señalan que los laberínticos procedimientos de la normativa de resolución de entidades de crédito y la falta de implicación de los tribunales para entrar al fondo de la cuestión han permitido interpretaciones que colocan a los socios en situación de desigualdad, indefensión y vulneración de los derechos de defensa y tutela judicial efectiva, por los que se reclamará al Tribunal Constitucional.
Para la Asociación son patentes las contradicciones del propio Banco de España, que para autorizar la fusión de la Caja reconoció que el reducido tamaño de la Caja y su ámbito local no afectarían a la solvencia de la entidad absorbente, pero sin embargo para justificar la intervención y venta por procedimiento sumarísimo y urgente de la Rural de Mota del Cuervo declaraba que la situación de la entidad representaba un riesgo para el conjunto del sistema financiero español. Una paradoja que aún no ha quedado resuelta en los procesos judiciales al no haberse entrado al fondo del asunto, y que evidencia la arbitrariedad y la intencionalidad política con la que se acometió la expropiación de la cooperativa de crédito a sus socios, por rechazar las tesis fusionistas de los dirigentes políticos del Banco de España y del Ministerio de Economía.
Si a esas tesis fusionistas, que se basan en la creencia de que solo las grandes entidades son eficientes, creencia que los estudios demuestran que es falsa, unimos una situación de dominio del mismo partido político en las tres administraciones, (nacional, regional y local) y una estrecha amistad entre la máxima responsable política de la Región en ese momento y el presidente de la entidad absorbente, podemos entender la razón de la intervención y venta.
La Plataforma seguirá adelante pidiendo justicia y la aplicación de los principios de un estado de derecho.